Prestamos con cheques

Avanza la reforma a la Ley de Entidades Financieras, que beneficia a usuarios y pone en vilo a los bancos

La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados discutirá hoy las polémicas propuestas que buscan introducir fuertes cambios a la normativa vigente. Hay varios proyectos en danza. Uno de ellos pretende regular las tasas de interés de los créditos. ¿Qué derechos podrían tener las personas?

La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados retoma este martes las reuniones para tratar distintos proyectos de reforma de la Ley de Entidades Financieras.

Existen tres iniciativas en pugna. Es por ello que el titular de la mencionada comisión, Alfonso Prat Gay, citará a presidentes de bancos para que aporten su opinión y conciliar así las propuestas con las modificaciones sugeridas por las asociaciones de consumidores y pequeñas y medianas empresas.

Si bien se buscará el consenso, la iniciativa impulsada por el diputado Carlos Heller exhibe marcadas diferencias, de modo que los mismos asesores del legislador la catalogan de “incompatible con las otras”.

Heller logró 700 mil firmas de adhesión en todo el país y busca el millón para evitar el debate en comisión y llevar el proyecto directamente al recinto.

Además, se encuentran las iniciativas de Federico Pinedo, del PRO, y de Gerardo Milman, del GEN. 

Dependiendo de cuál es la ley que se promulgue, los usuarios tendrán distintos tipos de beneficios y costos que afrontar por los servicios que utilizan. Asimismo, a la hora de solicitar un crédito o pagar los gastos de la tarjeta, las comisiones serán distintas.

Una propuesta controvertida 
El proyecto más polémico es el del diputado del Partido Solidario y presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller.

En la iniciativa, se declara al sistema financiero como un “servicio público”, lo que implica que debe ser de acceso universal (y, en algunas ocasiones, hasta gratuito).

También justifica que el Estado oriente hacia qué sectores debe canalizarse el ahorro y que tenga una injerencia mayor que la actual en cuanto a la actividad de las entidades privadas.

Además, propone una clasificación en cinco tipos de entidades, cada una con características, atribuciones y obligaciones diferenciadas: los bancos comerciales, los de inversión, los hipotecarios, las compañías financieras y las cajas de crédito. 

En otro de sus puntos, establece que, para ser considerado como entidad de capital nacional, el banco no puede tener una porción accionaria mayor al 30% de propietarios extranjeros.

En un cambio importante respecto de la situación actual, los bancos extranjeros deberán responder con todo su patrimonio local, y también con el de su casa matriz, por los pasivos que contraigan en la Argentina. 

Actualmente, la casa matriz no asume la responsabilidad de la filial, pero Heller justificó esta inclusión “para evitar casos como el de 2002″.

La apertura de nuevas sucursales estará sujeta a la aprobación del Banco Central, que aplicará un criterio de cobertura geográfica y desestímulo a la “concentración”. De esta forma, podrá denegar el permiso si considera que la zona donde se quiere instalar el establecimiento está suficientemente cubierta. 

También podrá declarar que, en determinados lugares, queda temporariamente suspendida la apertura de sucursales.

Por otro lado, la iniciativa estipula que el otorgamiento de crédito en moneda extranjera está limitado a ciertas condiciones. 

Se establecen topes a las tasas de interés de los préstamos para las pequeñas o micro empresas. Estas tasas no podrán superar en 5% la media del sistema financiero. El promedio será medido por el Banco Central, en base a información que deberán presentar los bancos.

 Y establece un tope similar para los préstamos personales hasta un monto de $100.000. El Banco Central diferenciará entre los créditos con vencimiento menor a un año y aquellos que superen ese tope.

En tanto, se limitará la posibilidad de cobro por otros conceptos que no sean la tasa de interés. 

El Banco Central establecerá una serie de servicios “esenciales”, de cumplimiento obligatorio, dirigidos a los segmentos de la población con menores ingresos. Se regulará sobre las pautas, denominación, publicidad y comisiones para estos servicios. Se topeará la comisión a cobrar y, si fuera necesario, la autoridad monetaria establecerá la gratuidad del servicio. De todas formas, el texto estipula que: 

Las entidades tendrán el derecho de no brindar el servicio a determinados usuarios en base a consideraciones de riesgos.

Por otra parte, se creará una Defensoría del Usuario de Servicios Financieros. El organismo recibirá denuncias de incumplimientos por parte de las entidades privadas, y será consultor del Banco Central, del cual dependerá formalmente.

Además, se fija un límite al market share que puede tener un banco. Ninguna institución puede captar más del 8% de los depósitos y préstamos del sistema (no se cuenta al sector público en esta disposición).

Para Heller, el nuevo sistema “debe funcionar de manera permanente y continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por sobre los intereses de quienes los prestan y no debería perseguir principalmente fines de lucro, ya que corresponde anteponer el interés de la comunidad a los fines del beneficio económico”.

La propuesta del PRO 
Los más de 200 artículos que integran el proyecto firmado por Pinedo tienen como “objetivo generar un cambio estructural de largo plazo para tener una economía productiva, con mucho ahorro y crédito”.

”El proyecto de ley beneficia el crédito mediante la creación de centrales de balances de empresas, premiando a los cumplidores. Por otro lado, se propone castigar los comportamientos monopólicos que puedan llevar a tener tasas injustificadamente caras”, explicó el titular de bancada del PRO. 

En diálogo con ¡Profesional.com, el legislador del mismo partido e integrante de la comisión de Finanzas , Jorge Triaca, indicó que “muchas veces, por falta de información crediticia, el sistema financiero se perjudica”.

Como una forma de diferenciarse del proyecto oficialista, Pinedo consideró: “No creemos en la propuesta de Heller, que busca que la actividad sea un servicio público de titularidad estatal y que cree que se puede otorgar créditos por ley”. 

En tal sentido, califica al sistema financiero de “servicio de interés público”, en lugar de “servicio público”, tal como propone la reforma impulsada por Heller. 

Además, pone bajo la órbita de la ley a un grupo de actividades que -si bien hasta el presente están en el ámbito del Banco Central- no entran en la definición de “entidad financiera”, como son las casas de cambio o las emisoras de tarjetas de crédito. 

En cuanto a la bancarización, impulsa, por un lado, la creación de las “corresponsalías” para llegar a lugares con nula presencia bancaria, a través de convenios con empresas públicas o comercios.

En este punto, promueve la creación de una cuenta básica bancaria única y gratuita, para incrementar el número de personas que conformen el sistema y también tiene como objetivo blanquear aún más la economía. 

Por otro lado, la iniciativa incorpora la defensa del consumidor bancario. 

”Había una decisión clara a tomar respecto a si el defensor del usuario del sistema financiero debía estar dentro o fuera de la órbita del Banco Central. Entendemos que tiene que estar fuera, formando parte de la defensoría del pueblo, para proteger mejor al particular de los abusos”, resaltó Triaca.

Relaciones financieras En tanto, el diputado del GEN, Gerardo Milman, presentó una iniciativa bautizada como “Ley de Relaciones Financieras y Garantías al usuario de créditos y depósitos”, que tiene como objetivo primordial el reemplazo de la actual “Ley de Entidades Financieras“, sancionada en 1977, y modificada -en forma imperfecta- en una treintena de oportunidades, a partir de la restauración de la democracia. 

”Heller tendrá que resolver su dicotomía porque, además de ser diputado, es presidente de un banco”, advirtió el diputado del GEN.

Milman no dudó en cuestionar duramente la iniciativa del titular del Credicoop: “La propuesta de Heller hace referencia a las entidades bancarias como un servicio público, como si fuese el agua. Ahora bien, aunque alguien no pague la boleta, no se le puede prohibir el acceso al agua potable”, enfatizó. 

”En el caso de un banco, no suena lógico que, por ejemplo, a Siderar le den un préstamo de un millón de pesos y a Gerardo Milman también, sin considerar los antecedentes que tiene uno y otro. No es razonable”, disparó.

En cambio, el de Milman hace referencia a que se incorpore la forma de “interés público”. 

Otra de las discrepancias consiste en que el proyecto del GEN señala que los bancos comerciales “pueden realizar todas las operaciones no prohibidas”. 

”Tenemos que ver qué sistema financiero queremos. Una cosa es intentar que el mercado fluya, que sea competitivo, y otra muy distinta es tratar de restringirlo a bancos oficiales u obligarlos a comprar bonos del Estado para prestar barato”, apuntó Milman.

También el diputado del GEN indicó a este medio que su iniciativa tiene como objetivo generar una mayor bancarización de los argentinos: “Sucede que los bancos cobran intereses muy altos porque el mercado es muy pequeño. En la Argentina, no se llega al 15%, mientras que, por ejemplo, en Chile, es del 30%. Por eso, la idea es que los menores de edad puedan acceder de manera gratuita a las cajas de ahorro”.

En cuanto a la estructura de las entidades, Milman consideró que no se debe mezclar en un mismo banco a todas las funciones crediticias. 

”Una institución no se puede ocupar de todo. En todos los órdenes de la vida se tiende a la especialización, y ésta no puede ser la excepción”.

Y concluyó que “no es lo mismo dedicarse a prefinanciar exportaciones que centrarse en otorgar un crédito para comprar un plasma”.

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