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Economía argentina

Sorpresa. Bronca. Preocupación. Indiferencia. Todas estas reacciones generó la decisión del Ejecutivo de aumentar su injerencia en las compañías más importantes del país. A meses de las elecciones, y cuando el panorama lucía despejado, decidió tirar este “baldazo de agua fría” al empresariado.

¿Un apretón más a la tuerca intervencionista en la economía? ¿Una señal política para las empresas? ¿El inicio de una fase estatizante de la actividad privada? ¿O, más bien, un lugar para que los militantes de “La Cámpora” puedan ocupar espacios de poder?

Muchas preguntas para interpretar una única medida oficial.

Es que, entre todas las decisiones drásticas que ha tomado el Ejecutivo en los últimos tiempos, la extensión de la presencia estatal en los directorios de las compañías privadas ha sido una de las que ha causado mayor sorpresa, tanto en el ámbito político como en el empresarial.

No tanto por la medida en sí, que sigue la línea ideológica iniciada cuando, en octubre de 2008, se estatizó el sistema privado de ahorro provisional y la Anses se quedó con todas las acciones que estaban en manos de las AFJP. Sino, más bien, porque a diferencia de aquella vez -cuando el Gobierno accedió a una suculenta “caja” de u$s6.500 millones-, ahora no hay un beneficio económico evidente.

Así, el decreto presidencial que aumenta la injerencia sobre las empresas privadas no hizo más que encender una luz de alerta muy fuerte.

En efecto, despertó el temor de empresarios y analistas ante la posibilidad de que el país avance en una “chavización” paulatina.

No obstante, otros bajaron el tono de preocupación. Y argumentaron que la calma del mercado accionario terminó reflejando que no había que exagerar con ese miedo.

No aclares que oscurece
Las mayores señales de preocupación llegaron desde las agremiaciones empresariales, a quienes las declaraciones de los funcionarios que salieron al ruedo para aclarar la intención oficial, parecieron traerles más zozobra que alivio.

Así, el comunicado de la Unión Industrial Argentina no sólo cuestiona la validez legal de haber modificado por decreto el tope de un director estatal, tal como lo había establecido la ley que creó a las AFJP. Además, sugiere con claridad que este acto es el inicio de una avanzada sobre la actividad empresarial, en el marco de una mayor presión sindical.

”Las declaraciones públicas de importantes dirigentes gremiales, en el sentido de solicitar participación en los directorios de las empresas, junto a proyectos que promueven la cogestión sindical de las compañías, no hacen más que aumentar la incertidumbre sobre el efecto final de este tipo de medidas”, expresa el comunicado de la entidad fabril.

Algunas horas antes, el titular de la Anses, Diego Bossio, había justificado la medida oficial en “un acto de justicia”, en el sentido de que ahora el Estado tendrá en los directorios la representación que se corresponde con su tenencia accionaria. Y que no estará subrepresentado, como si tuviese apenas 5%, cuando en algunos casos mantiene una porción superior al 30 por ciento.

El funcionario intentó brindar un mensaje tranquilizador hacia el sector empresarial, señalando que la voluntad estatal no es la de aumentar su injerencia. Y trató de justificar la avanzada destacando que el objetivo es el de garantizarle a los futuros jubilados que sus tenencias continuarán valorizándose.

Sin embargo, sus dichos sembraron un gran interrogante en el arco empresario, habida cuenta de que lejos de haber perdido valor, los papeles corporativos han triplicado sus cotizaciones en pesos, desde 2009 a la fecha.

“Buscamos control y protección de los activos que son de los argentinos, que es lo que nos corresponde. Queremos poner en pie de igualdad a lo privado y a lo público”, declaró Bossio.

Pero también admitió que el objetivo, con la presencia gubernamental en las mesas de las compañías, es el de “custodiar que las inversiones generen rentabilidad social, más allá de la económica”.

Como si sus expresiones no hubiesen sido suficientes como para generar incertidumbre, luego fue la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien detalló más sobre cuál era el objetivo oficial.

“Las políticas de una empresa respecto al uso de su capacidad instalada, inversiones, endeudamiento, compra-venta de activos y distribución de dividendos, entre otras cuestiones, deben ser evaluadas y validadas por todos y cada uno de sus accionistas, y el Estado Nacional no puede ni debe ser la excepción”.

Entre los analistas políticos, hay visiones que abonan la preocupación empresaria. Tal es el caso de Sergio Berensztein, director de la consultora Poliarquía.

Su sensación es que el Gobierno “está buscando más cargos para repartir”. Y sugiere que la medida debe enmarcarse también en el contexto de la tensa relación de Cristina Kirchner con la cúpula de la CGT.

¿Beneficio político o efecto boomerang?
¿Qué significa, exactamente, que un representante estatal argumente en un directorio la necesidad de una mayor “rentabilidad social”?

Es un concepto que, quizás, no implique perjuicios para las compañías. Pero también puede ser interpretado como la necesidad de tomar decisiones empresariales, aun al costo de sacrificar márgenes de ganancias.

“Es posible que el Gobierno quiera que algunas de estas firmas tomen acciones distintas a las que están tomando. Pero la verdad es que si las quiere presionar a cambiar alguna actitud en sus planes estratégicos, tiene herramientas como para hacerlo desde fuera, sin necesidad de estar con más sillas en el directorio”, observa el economista Enrique Szewach.

En consecuencia, apunta a que la explicación debe ser buscada más por el lado electoral: “Es un show marketinero, que le permite presentarse al Gobierno como enfrentado con los grandes grupos económicos”, cree Szewach.

Si ese fuera el objetivo buscado, habrá que prestar atención a lo que ocurra en el directorio del grupo Clarín, enemigo número uno del Gobierno, donde la Anses mantiene una participación accionaria del 9%.

En consecuencia, podría sentar representantes en el directorio, con todo lo que ello implica (vale decir, para hacer oír su voz en temas clave de la compañía, opinar sobre la gestión, impugnar balances, cobrar dividendos, acceder a información sobre planes estratégicos, entre otras cuestiones).

Este argumento, sin embargo, podría ir en contra de la reciente mejora que tuvo la imagen de la presidenta Cristina Kirchner en el electorado de clase media que, según los expertos en opinión pública, valoró sus señales de moderación.

¿Puede, entonces, tratarse de una medida que juegue en contra de los intereses electorales del oficialismo?

Para el encuestador y analista Jorge Giacobbe, “es claro que hay un sector del electorado al que estas medidas lo espantan, pero creo que cuantitativamente es pequeño”.

“En definitiva, sigue la lógica de la política oficial, porque éste es un Gobierno áspero: sabe que puede ser una medida que moleste en el mercado, pero no tiene mucho problema en molestar. Más cuando sabe que a las empresas les está yendo bien, y tampoco van a hacer críticas demasiado ruidosas”, agrega el analista.

Para Berensztein, el efecto en la opinión pública terminará siendo neutro, si se lo mide en el contexto de la campaña electoral, si bien cree que las preocupaciones están más centradas en el mediano plazo.

”Una primera señal para analizar qué tan grave es esta situación es ver quiénes serán los directores nombrados. Si es gente del perfil de Aldo Ferrer, que no tuvo conflicto alguno en el directorio de Siderar, no hay problema. Pero si es otro tipo de perfil la cosa cambia”, advierte Berensztein.

Y agrega que el resultado de la elección presidencial marcará, también, si esta medida puede constituirse en un agravamiento de la injerencia estatal en la economía.

“Si el Gobierno llegase a lograr mayoría en la Cámara de Diputados, esto puede ser un eslabón más que se agregue a los subsidios, a las medidas discrecionales o arbitrarias”, sostiene.

El por qué de la medida
Pero hay, también, otra lectura posible en la voluntad oficial por acentuar el perfil “accionista” del Estado.

Y no pasa ni por cálculos electorales ni por la voluntad de interferir en los planes empresarios.

“Las comparaciones con la política chavista de estatizaciones es errónea. El propósito de este Gobierno es diferente, y tiene que ver con ganar mayores espacios de poder para negociar mejor cómo será el cambio político”, arriesga Giacobbe.

Por otra parte, augura una situación de paz en las empresas: “Sinceramente no creo que los empresarios estén tan preocupados como algunos dicen. Si un joven de La Cámpora accede a una silla de un directorio, con todos los beneficios que eso implica, lo último que va a querer hacer es enemistarse y perder esa posición”, afirma, no sin un dejo de sorna.

¿Cómo reaccionó el mercado? 
Si hubiera que buscar en los mercados de capitales una medida de la preocupación que generó la iniciativa, habría que concluir que la razón está del lado de quienes no ven mayores problemas.

Ayer, los ojos de todos los analistas estaban puestos en cómo se comportarían las acciones de las empresas afectadas. Y si bien el Merval, comenzó la jornada con una tendencia bajista, finalmente logró revertir las pérdidas iniciales generadas a partir del decreto y consiguió subir un 0,17 por ciento.

Un indicador de que la noticia no causó un impacto tan grave, como suponían algunos analistas, fue el escaso volumen negociado ($35 millones), lo cual fue un reflejo de que no se produjo la estampida vendedora. De hecho, el volumen operado se mantiene en línea con lo observado en las últimas ruedas. 

El título mas volátil de la jornada fue el del Banco Macro, donde la Anses posee una tenencia accionaría del 30,9%. Después de haber llegado a caer un -2,62% revirtió para cerrar con un alza de un 1,16%.

Con respecto al resto de las empresas en la mira de posibles ampliaciones de directores, a excepción de Aluar, que subió 0,54%, el resto cerró con leve baja o neutras (Telecom -1,18%, Pampa 0%, Edenor -0,87%, Transener 0%, Siderar -0,18%).

Y los títulos públicos de deuda concluyeron con alzas generalizadas, al tiempo que el índice de riego país registró un descenso de 10 puntos básicos, con lo que se ubicó en 515 unidades.

“Es claro que para el mercado esta noticia es negativa, pero la verdad es que ya está acostumbrado a estas cosas. En una situación normal, quizás una medida de este tipo habría hecho caer 10% las cotizaciones pero, a esta altura, ya sólo provoca movimientos marginales”, afirma Sabrina Corujo, jefa de research de Portfolio Personal.

En la misma línea de análisis, Marcelo Olguín, de la firma SBS, sostiene que los inversores que tienen en su poder acciones de las empresas afectadas han mantenido la calma, sin que se hayan producido consultas sobre oportunidades de venta.

“Con el tiempo se verá si la mayor participación estatal en las empresas es negativa o si resulta neutra, pero hoy en el mercado no se van a dar ventas masivas. Y tampoco se verán afectados los bonos. Porque si bien la Argentina tiene un riesgo país alto, también ha demostrado voluntad de pago, así que una iniciativa de este tipo no cambia el panorama”, sostiene Olguín.

Así, mientras algunos temen porque el país se encamine hacia un rumbo “chavista” y otros creen que esta medida es “una más entre tantas otras”, lo cierto es que el modelo K profundiza uno de sus sesgos más característicos: el del Estado accionista.

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