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¿Por qué debe cambiarse la forma de financiar la vivienda social?

El economista Tomás Bulat analiza los cambios que los planes del Estado presentaron a través de los años. Las características de las políticas actuales

Un poco de historia
La intervención del Estado en el financiamiento de la vivienda de las personas de bajos recursos tiene una larga historia en Argentina y en el mundo.

El rol principal lo tuvo durante años el Banco Hipotecario Nacional financiando a las familias o personas para comprar la vivienda que quieren/sueñan o pueden, o financiando la construcción de la vivienda a aquellos que poseían terrenos o también a constructores que luego venderían sus departamentos.

En los años 60 nace el Plan Federal de Vivienda y entre otras cosas licita fondos propios o de terceros para que se construyan gran cantidad de viviendas. Es así, como muchos sindicatos junto a empresas constructoras comienzan a construir barrios en diferentes zonas del país, básicamente para sus afiliados, que les cobraban a través de su sueldo.

Para ese entonces la gente no se endeudaba para tener la casa de sus sueños, sino la casa propia en el barrio del sindicato y que eran todas más o menos iguales. La ventaja es que eran más baratas, y la operatoria la hacia el Banco Hipotecario.

Luego nació el Fonavi, que era el 5% de la masa salarial bruta. Esos recursos eran para las provincias y ellas construían con esos recursos las viviendas. Y finalmente en los últimos años, hay programas centralizados que transfieren los recursos para la construcción de viviendas tipo, de cerca de 50 m2, muy similares para todos.

Para el beneficiario, lo importante es conseguir la vivienda, cualquiera sea y donde sea.

Por supuesto en esta evolución, al principio se pagaba la vivienda y como toda involución en Argentina, la vivienda social en gran parte de los casos, ya ni siquiera se paga. 

Financiar la oferta
La actual política de vivienda es financiar la oferta. El Estado elije qué y donde construir, luego selecciona el constructor, y por otro mecanismo distinto decide quién será el beneficiario. No hay ningún vínculo entre el constructor y el que va a vivir.

Es más, si nunca vive nadie, al constructor no le concierne, ya que es potestad del Estado.

Si la casa es poco funcional, no es su problema, porque le pagan por construir, no por vender. Y esto es una pena, porque muchas empresas constructoras que trabajan hace años para los planes de viviendas populares y de hecho encaran obras privadas, tienen un conocimiento que no se valora y no se aprovecha.

Automáticamente, la única relación que existe es, entre funcionarios y empresarios constructores. No hay beneficiarios involucrados.

El riesgo empresario es que el Estado no pague o que tenga sobrecostos que el gobierno no reconozca, que viendo la historia, no son riesgos menores en Argentina. Pero no hay relación con quien ocupa la vivienda, porque eso es de otra área. Así es como hemos visto ocupaciones clandestinas, de la cual, lógicamente el constructor es ajeno.

Seguir financiando la oferta lo único que logra es mayor posibilidad de corrupción, ocupaciones ilegales, manejos políticos partidarios o de punteros. 

Subsidio a la demanda
Qué pasaría si se hace todo distinto. Si se habilitan partidas presupuestarias que implique dar subsidios monetarios para la gente de bajos recursos y que puedan adquirir la propiedad que quieran con los fondos otorgados. Por otro lado el gobierno licita terrenos a empresas constructoras para que construyan viviendas para la población beneficiaria, con capital propio de las empresas y a riesgo de ellos.

Si las casas son caras o poco funcionales, o de mala de calidad, y no les gusta a la gente, no la compran, ya que tienen la posibilidad de elegir. Pueden elegir barrio y practicidad. No la vivienda que le dan sino las que más les gusta y sea más práctica.

Así se evita contrataciones del Estado a empresas, lo que aporta es el terreno y no dinero, y el riesgo empresario es mayor. Los ingresos de las empresas no dependen de la relación con el funcionario, sino con las personas que lo van a habitar. 

Las posibilidades de corrupción siempre existen, pero son mucho menores por los vínculos que se establecen que involucra más gente. Y los beneficios son muchos mayores. 

Esto obviamente implica un cambio cultural y político, pero de seguir con el esquema de financiar la oferta, no se presentan intereses contrapuestos y las tentaciones son mayores.

Aprovechemos la ocasión para rediscutir la forma que se hace vivienda social en la Argentina. Quizás podamos ser más eficientes y transparentes en el uso de los recursos.

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