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Lavado de dinero: claves para entender los dos proyectos del Ejecutivo para aumentar sanciones

Al convocar a sesiones extraordinarias, la presidenta Cristina Kirchner decidió incluir en la agenda dos iniciativas, impulsadas desde el Ejecutivo, que buscan aumentar las penalidades aplicables en los casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Sucede que, si la Argentina no se adapta a los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), puede llegar a ser castigada por este organismo.

Así las cosas, este jueves se discutirán ambos proyectos de ley que ya cuentan con dictamen favorable de las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas de la Cámara de Diputados.

Al respecto, el ministro de Justicia, Julio Alak, anticipó que las propuestas parlamentarias “no complacen en forma absoluta” al organismo financiero, “pero se aproximan a los estándares internacionales”.

En tanto, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, manifestó: “Pensamos que la Argentina debería salir del sistema intensivo de evaluación y pasar a ser un país normal, porque tiene en funcionamiento una ley y un organismo”.

En este sentido, Sbattella aclaró que los proyectos tienen por objeto incluir en el Código Penal los delitos contra la manipulación de los mercados financieros y reforzar las penas para quienes comentan actos de terrorismo o colaboren en ellos.

A los fines de llevar a la práctica las sanciones referidas al primer aspecto que mencionó el funcionario, se intenta incorporar al Código Penal una serie de delitos financieros que hoy son infracciones administrativas, bajo el control de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto al segundo de los proyectos, el más polémico, se plantea la incorporación del artículo 41 quinques al Código Penal, por el cual se busca que “los actos ejecutados en ejercicio de un derecho constitucional” no sean considerados terroristas; es decir, se apunta a que no se criminalice la protesta social.

Pero, al mismo tiemo, se quiere incrementar la escala penal “en el doble del mínimo y el máximo” cuando alguno de los ilícitos previstos en el Código Penal “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población”.

Así, se propone que si el propósito fuese “obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala, siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional”.

La iniciativa, además, impulsará la creación de un agravante específico de las sanciones, con el objetivo de fortalecerlas para quienes comentan actos de terrorismo o colaboren en ellos. En esa línea, indica la aplicación de prisión y multa a quien -directa o indirectamente-recolecte o provea bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar la comisión de un delito de esa naturaleza.

Las penas por la manipulación del mercado
Uno de los proyectos que avanza en el Congreso es el que intenta castigar a aquellas personas que intenten manipular el mercado de valores.

El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, explicó que, de sancionarse la iniciativa, se van a incorporar “al Código Penal una serie de delitos financieros que hoy son infracciones administrativas, bajo el control de la CNV”.

El funcionario indicó la nueva normativa incluiría:

La tipificación del delito de abuso de información privilegiada.

La manipulación de valores negociables.

La captación clandestina y fraudulenta de ahorros públicos.

El cohecho financiero.

Vale aclarar que, en la actualidad, estas conductas no se encuentran incorporadas en el Código Penal.

Por esta razón, Vanoli remarcó que éstas son herramientas “necesarias para fortalecer al Estado en su misión de proteger la estabilidad económica y el sistema financiero, en concordancia con la legislación de los países desarrollados”.

En tanto, el vicepresidente de esa misma entidad, Hernán Fardi, explicó los lineamientos generales del respectivo proyecto, cuyo texto se propone incluir en el Título XIII del Código Penal y pretende:

• Combatir los delitos contra el orden económico y financiero.
• Mejorar los estándares en materia de lavado.
• Reforzar todas las sanciones administrativas y económicas previstas en el Decreto

• Fortalecer la capacidad del Estado Nacional para proteger la economía dentro de contextos de crisis financieras.

Al respecto, Fardi remarcó que “hasta el momento, las sanciones solamente son administrativas y económicas. No tenemos sanciones penales”.

Asimismo, el vicepresidente de la CNV afirmó que las nuevas tipificaciones que se están planteando son:

• El delito de abuso de información privilegiada, con penas de prisión de 2 a 4 años, multa e inhabilitación. “El objetivo es proteger la transparencia del mercado de valores y garantizar la igualdad de los inversores”, detalló Fardi.
• El delito de manipulación de los valores negociables, todo lo que tiene que ver con la manipulación de precios dentro de los mercados.
• La captación clandestina de ahorro público. “En este caso, se deberá sancionar toda actividad de intervención financiera que no esté bajo la órbita de alguno de los regularizadores, tanto financiera como bursátil. Acá también se plantean penas de 2 a 8 años, multa e inhabilitación”, sostuvo el funcionario.
• El cohecho financiero, “esto tiene que ver con aquellos que realicen operaciones para recibir una comisión indebida o para fraguar operaciones que no se hayan realizado”, indicó Fardi.

Si bien las iniciativas cuentan con el apoyo del oficialismo y cuenta con el número necesario de legisladores para ser aprobadas, los opositores no ahorraron críticas con las mismas.

En ese aspecto, el titular del bloque radical en Diputados, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que-a su criterio- los proyectos contienen “errores de concepción y técnicos importantes”y que no tienen que ver con el pedido del GAFI. “Queremos acompañar, pero no sancionar esto”, anunció.

Por otro lado, Margarita Stolbizer, del Frente Amplio Progresista (FAP), pidió discutir con más detalle este tema en el próximo período ordinario, “teniendo en cuenta las discusiones que se generaron”.

Consultado por iProsional.com, Raúl Saccani, Gerente Senior de Forensic Services de KPMG, destacó que “la introducción de estas figuras concretas a las normas sancionatorias debe celebrarse, no sólo por el daño efectivo que provocan, sino por el potencial, en razón de su afectación a la credibilidad en el mercado, en resguardo de la equidad y la buena fe comercial”.

“La tipificación penal del delito de abuso de información privilegiada (que debía mantenerse en secreto) reprime penalmente el uso y suministro de cualquier tipo de información o datos sensibles que, por sus características, pueda alterar la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que “la figura castiga el uso de información reservada por parte de una persona cualquiera, a la que habitualmente se la conoce como `insider´ y que, de alguna forma, estuvo posibilitada de acceder a dicha información y que, conociendo el carácter reservado de la misma, hizo uso de ella para obtener, ya sea para sí mismo o para terceros,un beneficio interviniendo de alguna manera en la negociación o comercialización de acciones o títulos valores que cotizan en Bolsa”.

“A consecuencia de tal actuación, se genera una desigualdad en la negociación llevada a cabo en el mercado de capitales, provocando que quienes tienen conocimiento de información que aún no se ha hecho pública, se encuentren en posición ventajosa con respecto al co-contratante y el público en general”, señaló.

De esta manera, se viola “una de las reglas más importantes del mercado de capitales: la transparencia e igualdad entre los inversores en el marco de la oferta pública”, concluyó Saccani.

Financiación del terrorismo: claves del proyecto
Por otra parte, la otra iniciativa que se debatirá en sesiones extraordinarias, busca incluir como un nuevo artículo 306 una sanción de “cinco a quince años prisión” y “una multa de dos a diez veces el monto de la operación”, para quienes “directa o indirectamente recolectaren o proveyeren bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito”.

Asimismo, con la introducción del artículo 41 quinques, el Gobierno apunta a incrementar la escala penal “en el doble del mínimo y el máximo” cuando alguno de los ilícitos previstos en el Código Penal “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población”.

El mismo, también establece que “si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala, siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional”.

Desde el ministerio de Justicia, informaron que la reforma propuesta “mejora sustancialmente la legislación actual en la materia, al remover obstáculos para la eficaz persecución y sanción del terrorismo y su financiamiento en todas sus formas, sea local o internacional”.

Esto es así debido a que, en la actualidad, “el delito de terrorismo sólo se configuraba ante la existencia de una asociación ilícita terrorista que, además de los requisitos que debía cumplir como toda asociación ilícita, exigía que la misma esté organizada en redes internacionales”.

De esta manera, explicaron que “quedaban exceptuados de la criminalización del terrorismo, el llamado terrorista individual y la posible asociación terrorista local”.

Al respecto, Saccani sostuvo que “el Gobierno preparó este proyecto de ley dirigido a fortalecer y reordenar las disposiciones normativas en materia de prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista”.

“Para ello, se intensifica la pena de cualquier delito que sea cometido con dicho propósito, y por otro, se reformula y reubica el delito de financiación del terrorismo”, remarcó.

“De aprobarse estas modificaciones al Código Penal, la Argentina estaría subsanando las deficiencias resaltadas por el GAFI respecto de la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo, lo que evitaría nuevas reprimendas en la próxima reunión plenaria del organismo, que tendría lugar en febrero próximo”, concluyó Saccani.

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